El Ayuntamiento de Sestao y el Ilustre Colegio de Abogados de Bizkaia han conseguido paralizar 30 desahucios gracias al convenio de colaboración que ambas entidades firmaron en abril de 2013 para prestar un servicio de asesoramiento, intermediación, gestión de justicia gratuita y defensa judicial a las personas del municipio afectadas por esta problemática, tal como han dado a conocer esta mañana la concejala de Acción Social y Personas Mayores, Flori Núñez, y el portavoz del Colegio de Abogados de Bizkaia, Luis Maria Cordero.

Entre abril y diciembre de 2013 un total de 24 familias se dirigieron al Ayuntamiento para solicitar ayuda y tratar de evitar el alzamiento de su vivienda. Tras analizar los expedientes fueron admitidos 22 casos y rechazados los dos restantes por no cumplir las condiciones establecidas en el acuerdo. Más concretamente uno de los demandantes no estaba empadronado en Sestao y el otro tenía más de una vivienda en propiedad. Durante los seis primeros meses de este año se ha prestado asistencia a otras ocho familias más.

En 2013, en 6 de los expedientes se habían presentado demandas judiciales a instancia de la entidad bancaria. Estos casos se habían iniciado antes de la firma del convenio, ya que tras la entrada en vigor del acuerdo no se ha planteado ninguna demanda judicial.  No obstante, el letrado ha intervenido y se han conseguido resoluciones judiciales por las cuales se ha mejorado la situación de la familia, al haberse conseguido la declaración de nulidad de cláusulas suelo o de cláusulas de intereses de demora abusivos. En estos 6 casos, a pesar del procedimiento judicial, se sigue en negociaciones con la entidad bancaria para conseguir el mejor acuerdo posible.

El año pasado también se sometieron 16 expedientes a intermediación (no judicializados). Y de esos 16 se ha conseguido acuerdo en 13 de ellos, lo que supone el 75% de casos. Los otros 3 expedientes continúan en trámites.

De los acuerdos alcanzados, en 3 casos se ha conseguido que el acuerdo sea la dación en pago de la vivienda y la continuación de la familia en régimen de alquiler social y en 10 de los casos el acuerdo ha sido una reestructuración de la deuda (rebaja en las cuotas, carencia en las amortizaciones, rebajas en los tipos de interés, ampliación de plazos….). La duración de los expedientes ha variado desde los 2 a los 6 meses.

Según ha explicado Luis Cordero, “en los 30 expedientes tramitados, 22 expedientes tramitados en 2013 y los 8 que se tramitan en 2014, se ha conseguido que ninguna familia sea lanzada de su vivienda y, por tanto, no ha sido necesaria la búsqueda de una nueva vivienda”. A este respecto ha señalado que “ha resultado positivo el diálogo y la predisposición de las entidades bancarias a la búsqueda de acuerdos que eviten la judicialización del expediente”. “Se trata en todo caso de evitar que se produzca la judicialización del expediente ya que en ese caso la búsqueda de acuerdos resulta más compleja”, ha añadido el legalista. De igual forma, ha resaltado la labor de los servicios sociales municipales que son los que detectan las situaciones de riesgo de exclusión y hacen una labor de seguimiento y coordinación con el letrado designado con lo que se consigue que la atención a la familia sea integral, desde el aspecto de servicios sociales y la atención jurídica y la intermediación.

Cordero ha añadido que “la intervención en la totalidad de los casos se ha iniciado desde los Servicios Sociales de Base mediante entrevistas de las/los trabajadoras/res Sociales con las personas afectadas, desde donde se ofrece a éstas información y, en su caso, se gestiona el acceso a las prestaciones económicas, servicios e instrumentos de carácter social existentes en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco para prevenir el riesgo de exclusión personal, social y laboral de las personas, así como para contribuir a la inclusión de quienes carecen de los recursos personales, sociales o económicos suficientes para desarrollar una vida independiente”.

En los casos en que se comprueba la necesidad de la intermediación o la gestión de la asistencia jurídica, se remite el expediente al Colegio de Abogados que realiza la designación de un letrado/a que es quien interviene en los distintos momentos de los procesos, con actuaciones preventivas, de información, de negociación e intermediación, y si fuera necesario de asistencia y defensa jurídica, realizándose la labor en coordinación con los servicios sociales para dar una solución integral a las familias. La designación se realiza en un plazo de 48 horas y el servicio está compuesto por 18 letrados, especializados en derecho bancario y de ejecuciones hipotecarias.

La concejala de Acción Social y Personas Mayores, Flori Núñez, ha recordado que Sestao fue el primer municipio vizcaíno en firmar este convenio con el Colegio de Abogados y ha puesto en valor este dato. “Cuando el problema de los desahucios estaba en la cresta de la ola y golpeaba con más fuerza a las familias, el Ayuntamiento de Sestao tuvo la sensibilidad y el acierto de ser el primer consistorio de Bizkaia en firmar un convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Bizkaia para asistir a las familias que se veían envueltas en este tipo de casos. Era abril de 2013. Sestao abrió un camino que después siguieron otros municipios del territorio y volvía a demostrar que estaba al lado de las personas más necesitadas en los peores momentos, como hemos venido haciendo en toda esta legislatura”.

La edil ha valorado positivamente los resultados obtenidos hasta la fecha y ha mostrado su conformidad con el trabajo que se está realizando, por ello Núñez ha aprovechado la ocasión para anunciar que el convenio, “que caduca el día 5 de octubre, se va a prorrogar 6 meses más, hasta abril de 2015, puesto que seguimos percibiendo que existe una demanda, quizás no tan fuerte como hace un año, pero continúa habiendo personas que tienen problemas con sus bancos y precisan de la asistencia legal de un profesional”.