En una comparecencia conjunta celebrada tras la reunión que ha tenido lugar el Ministerio de Industria, han anunciado que solicitarán un encuentro con el Presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, y con el Comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, para solicitar “el replantemiento absoluto”, ha dicho el Lehendakari, de la decisión de exigir al sector el pago del importe derivado del sistema tax-lease.

El Lehendakari ha censurado que las instituciones europeas “no pueden plantear un discurso en torno a la creación de empleo y al mismo tiempo destruir 87.000 empleos por una decisión de la Comisión Europea.”

El Lehendakari ha mostrado el respaldo del Gobierno vasco a la Declaración Institucional conjunta del Gobierno central y de las Comunidades de Euskadi, Galicia y Asturias y de los representantes de los astilleros privados en defensa del sector naval, en el que solicitan un tratamiento análogo al otorgado a Francia, y denuncian un trato discriminatorio hacia el Estado español con respecto al país galo, que en un expediente similar fue eximido e devolver las ayudas por aplicación del principio de seguridad jurídica. Tal y como recoge la declaración si en ese momento lo argumentado por Francia fue válido para la Comisión Europea, ahora debería aplicarse el mismo criterio.

El Gobierno vasco por su parte convocará esta misma semana a los agentes afectados con el fin de informales de las medidas solicitadas al Gobierno español ante una eventual decisión desfavorable de la Comisión Europea.

El Gobierno vasco recuerda que en la actualidad los astilleros están ofreciendo sus servicios con todas las garantías legales y ha subrayado que desde el 1 de enero el sistema cuenta con la autorización expresa de la Comisión Europea.

La devolución del tax lease supondría un grave riesgo de desaparición  para los los seis astilleros privados de Euskadi que dan empleo a 14.800 trabajadores, así como para los armadores y la industria auxiliar, ya que de cumplirse lo anunciado recientemente por Joaquin Almunia, el sector naval deberá desembolsar en torno a 2.000 millones, en concepto de devolución del tax lease de entre 2005 y 2011, de los cuales la mitad corresponden a Euskadi. Todo ello abocaría a la ruina a un sector que es clave para la economía vasca y que exporta el 85% de lo que produce.